Acerca de La Fuerza Aislada...

A mediados del 2004, en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), de México, se comenzó a gestar un informe histórico sobre la Guerra Sucia de las décadas más autoritarias de los gobiernos del PRI. Se trataba de unir el trabajo jurídico con otro histórico, utilizando como materia prima los archivos desclasificados de las policías y el Ejército Mexicano, a los que solo habían tenido acceso algunos pocos historiadores, bajo la venia de algún funcionario de gobierno. La investigación iniciada en la Dirección General de Análisis, Información e Investigación documental, fue accidentada, pero culminó su primera etapa con la entrega de un texto de 800 páginas, titulado '¡Qué no vuelva a suceder!', el 15 de diciembre del año 2005, al fiscal Ignacio Carrillo Prieto. A partir de ese momento, diversas señales dieron a entender que el Informe no representaba la posición del fiscal, orientada hacia una llamativa defensa del ejército. Si bien es cierto, y algunos documentos incluidos en el blog así lo presentan, que el fiscal nunca apoyó con recursos el trabajo de los historiadores, lo peor llegó tras la presentación del trabajo. El lunes 13 de febrero, cuando les debía sueldos por más de siete meses, la administración de la institución cerró sus puertas a los historiadores, sin siquiera permitirles subir por sus pertenencias. Se detuvo la segunda parte del trabajo, que consistía en la preparación de todo lo que sostiene las tesis centrales del trabajo.
A partir de ahí, los peores pronósticos se empezaron a cumplir. El Fiscal inició la corrección del Informe sin escuchar las razones de los historiadores que se apoyaban en sus bases de datos y en el derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
Una versión electrónica del informe apareció una semana después en una de las páginas de la Universidad George Washington y buena parte de la sociedad mexicana e internacional tuvo acceso a él.
Carrillo Prieto dio una conferencia de prensa el día 1 de marzo, en la que reconoció la existencia del informe. Frente a la prensa prometió que un mes y medio después, el sábado 15 de abril, lo entregaría al presidente. Ese día, ningún reportero pudo encontrar al Fiscal, ni a funcionarios de presidencia que confirmaran la entrega, aunque dos días después, culminada la semana santa, el vocero aseguró que se estaba evaluando el informe.
Este blog presenta, en los documentos de apenas uno de los historiadores de la Fiscalía Especial que investigó el destino de los desaparecidos de México durante la Guerra Sucia, la asfixia de recursos a los que fue sometida el área de investigación histórica. La sistemática falta de solución a los problemas financieros, en las cartas que se le enviaron a diversas autoridades de la Procuraduría General de Justicia, la propia Femospp y la Presidencia.
Un blog paralelo contiene análisis al este de una isla, presenta en cambio algunos análisis que probablemente sean de utilidad para entender de manera más amplia y crítica, la posición de la Femospp y el gobierno de Vicente Fox en esta materia. Así como algunas lecturas historiográficas en caliente, postergadas por la urgencia de anteponer el análisis sobre la Femospp.

Nota a Daniel Cabeza de Vaca, el 22 de Febrero del 2006

Sr. Procurador General de la República
Lic. Daniel Cabeza de Vaca
Respetable señor Procurador,

El lunes 20 de febrero, en la sede de la Fiscalía Desconcentrada de la Procuradoría General de Justicia del DF, CUH-06, en calle Victoria 76, recibí una respuesta a la carta que le enviara el día 16 del corriente, al Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto, y a usted. El oficio Nro. Femospp/DGA/300/2006, es firmado por el Director General de Administración de la Femospp, Alejandro Romero Bernal y me fue entregado en una oficina del ministerio público porque que me vi obligado a realizar la denuncia pertinente, por la confiscación arbitraria de mis bienes, del que le di parte en su oportunidad. Lamentablemente, en dicho oficio, Alejandro Romero Bernal me injuria de manera inaceptable.
Asegura que, al buscar se respeten mis derechos, me comporto de “manera dolosa”. Dolo, señor Procurador, significa según el diccionario de la Real Academia Española: engaño, fraude y simulación. Y en su aplicación al derecho: “voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. Voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída”.
Es probable que el CP Romero Bernal difiera en opiniones sobre cuáles son mis derechos, lo que es evidente, pero eso no quiere decir que tenga algún elemento para afirmar que actúo con dolo. Se trata de una acusación que juzgo gravísima, y parte del hostigamiento que dicha oficina sostiene inexplicablemente contra mi persona.
Le explicaré, si me permite, en qué consiste el dolo, y quien lo configura.

a) Dicho oficio se encuentra fechado el día 17 de febrero, y dirigido con copia al “Lic. José Francisco Moreno Vilchis, Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Justicia del DF.- En atención a su citatorio Av. Previa: FCH/AECUH-6/T1/00265/06-02”. Dicha averiguación previa, fue iniciada a mi instancia el día 20 de febrero, como consta en el citatorio por el cual se enteró Romero bernasl, de esa misma fecha, y que le adjunto. ¿Cómo pudo el CP. Romero Bernal escribir tres días antes un oficio en referencia a una averiguación que en ese momento no existía? Si descartamos dotes adivinatorias, creo que esto es solo posible a partir de una simulación, de un engaño.

b) En su segundo párrafo, el documento expresa que es de mi conocimiento que en este momento “se encuentra bajo proceso de regularización”, un contrato entre la Procuraduría General de la República, a través de la Femospp, y quien suscribe la presente, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2005. He enviado numerosos pedidos de explicación acerca de mi situación laboral, sobre todo teniendo en cuenta que en el mes de marzo del año pasado me sometí a un examen ante la CeDH de la institución, porque fui invitado a ocupar una plaza de subdirector en la Dirección General de Análisis, Información e Investigación Documental. Pero no he obtenido respuesta sobre este punto, ni he obtenido la plaza, pese a desempeñar esas funciones con un equipo de más de veinte personas.

c) Sin respuesta sobre dicha plaza, se me informa que se encuentra en proceso de regularización un contrato que jamás he suscrito. He enviado numerosa correspondencia, junto a mis compañeros de trabajo, para que nuestra situación se regularice, pero hasta el momento no he podido firmar ningún contrato con la institución, como le consta a la Oficialía Mayor por las cartas fechadas en los días 28/11/05 y 02/12/05. ¿Acaso el CP. Romero Bernal me está informando que me pedirá en fechas posteriores que firme con la institución un contrato de carácter retroactivo? ¿Me está sugiriendo que me invitará a someterme a una simulación jurídica, firmando un acuerdo para realizar un trabajo que ya realicé, en un periodo anterior? Diría que en este caso se expresa claramente la segunda acepción de dolo, como la “voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud”. Supongo que el CP. Romero Bernal conoce la ley que debe aplicarse en los casos en que una de las partes interrumpe sus deberes.

d) Posteriormente, el oficio hace referencia a las cláusulas “Quinta” y “Décima octava”. Supongo que hace referencia al contrato del periodo enero a junio del año 2005. He solicitado infructuosamente copia de ese contrato, razón por la cual no puedo cotejar si se trata del documento que firmé por el primer semestre del año, o se refiere al contrato que se supone “se encuentra en proceso de regularización”. El señor procurador sabrá entender que los derechos laborales no se configuran por obra y gracia de una persona, sino de dos. Si no tengo contrato, por negligencia de quien suscribe el mencionado oficio, el Cp. Alejandro Romero Bernal, ¿con qué elementos legales él explica el carácter de dicha configuración. ¿Con el afán de engañar? ¿Acaso todavía hoy, a finales de febrero, el señor Romero Bernal piensa establecer las características de la relación laboral que deberemos tener a partir de1 1 de julio del año 2005? El señor Romero Bernal está aceptando ante el Oficial Mayor de la Procuraduría de Justicia y el propio Fiscal Especial, a quienes les remitió copia, el carácter irregular de la situación. Desconozco las expectativas del señor Romero Bernal para resolver la situación, pero la falta de contrato, nombramiento y pago, al que soy sometido junto a mis compañeros de trabajo y mi familia, constituyen un grave problema administrativo. Y no creo que ayude un afán simulatorio de la ley. Supongo que sobre este punto debiera consultar las opiniones vertidas por la Lic. Laura Ruiz, de la Oficina de Dictaminación y Consulta de la PGR, quien tuvo a bien caracterizar en términos similares el accionar del área de Administración de la Femospp.

e) En el octavo párrafo, se explica en referencia a los objetos que me fueron retenidos o confiscados el 13 de febrero, que “por alguna razón fueron introducidos al espacio físico que le fue asignado al responsable del proyecto histórico”. La suspicacia del CP. Romero Bernal debe ser analizada con cuidado. ¿Qué entiende el señor Romero Bernal por las palabras ‘trabajador’, o mejor, ‘derechos laborales’?

f) En el décimo párrafo, insiste en que me asiste el dolo al querer configurar una relación laboral inexistente. Le ruego solicite al CP. Romero Bernal las listas de asistencia para el “Personal Sin Gafete” que se firma diariamente en las puertas de acceso al edificio, antes de la fecha en que se me impidió violentamente y junto a mis compañeros, el acceso a las oficinas de la calle Juárez 100. Una acusación como la que Romero Bernal me propina necesita una investigación, y el cabal conocimiento del derecho laboral. Le ruego las solicite, para que compruebe por usted mismo cuál es esa “alguna razón” por la que “fueron introducidos” los enseres privados que Romero Bernal reconoce, y que a partir de la Averiguación Previa FCH/AECUH-6/T1/00265/06-02, pone a mi disposición. Esa ‘alguna razón’ no es sino el compromiso de un ciudadano con una causa que cree justa: la dolorosa historia mexicana reciente. La misma razón que se supone debe mover el accionar de cada trabajador de la Femospp. Por ello, esos enseres son, como le dije, un escáner y libros como el realizado por la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, el ‘Nunca Más’, ‘Días de guardar’ o ‘La noche de Tlatelolco’.

g) Se menciona en el sexto párrafo que el responsable del proyecto histórico recibió un oficio el 14 de noviembre del 2005, informándole “sobre la imposibilidad de establecer cualquier compromiso de tipo contractual o de cualquier otra naturaleza para el año 2006”. Desconozco el oficio. Sin embargo, las listas de asistencia, le evidenciarán mi comportamiento laboral, junto a mis compañeros, hasta que me fue negado el acceso a las oficinas, con un horario de trabajo entre las 10:00 y las 20 horas. Pese a esa asistencia, jamás recibí esa notificación, ni otra en el sentido de que debía dejar de trabajar. Si el CP. Romero Bernal no hubiera actuado con la voluntad maliciosa “de incumplir una obligación contraída”, me hubiera mandado una notificación en este sentido, ya que sería una comunicación ordinaria de la oficina de Recursos Humanos, que se encuentra bajo su órbita de responsabilidades. ¿Qué le impidió informarle debidamente a una veintena de personas para que, incluso, pudieran sacar sus pertenencias de la institución?

h) En dicho oficio, el CP. Romero Bernal me informa que “el Dr. Sotelo Marbán no ha ocupado ni ocupa el cargo de Director General como de manera errónea” lo señalo en mi escrito. Le confieso que hasta el momento creí trabajar en la Dirección General de Análisis, Información e Investigación Documental, presidida por el Dr. José Sotelo Marbán. Mi error tampoco puede atribuírsele al dolo, al menos que desde la propia Dirección de Administración lo haya propiciado, como lo demuestran los oficios dirigidos por oficinas bajo las órdenes de Romero Bernal, en los que se refieren a Dr. Sotelo Marbán como Director General de esa dirección. En todo caso, me ciño al Acuerdo Nro. A/66/33, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 25 de julio de 2003, en el que se especifican las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República y la estructura orgánica y ocupacional de la Femospp; y le pregunto al señor Romero Bernal, que si no es el Dr. Sotelo Marbán el Director General de Análisis, Información e Investigación Documental, ni lo fue en estas fechas ¿quién es el que ostenta su cargo? ¿Ha leído usted aquella hermosa novela de Italo Calvino, sobre Agilulfo, el caballero inexistente? Si no es él ese, ¿quién es entonces él?

i) Según esos acuerdos, la Femospp tiene aprobadas una DGAIID, como tiene aprobadas una Dirección de Administración. Sin embargo, el CP. Romero Bernal insiste en firmar como Director General, cuando no se tiene conocimientos de que exista ese puesto, como se refiere en las páginas de internet de la institución. ¿Quién tiene la “voluntad maliciosa de engañar a alguien”, como especifica el diccionario, y me ha mantenido en el error, tanto como a otras dependencias oficiales como la propia Dirección de Organización y Presupuesto de la PGR que sistemáticamente ha solicitado dicha precisión? ¿También esa dependencia se encuentra en el error? Me llama la atención, señor Procurador, que para aumentar mi confusión, desde la Dirección General de Recursos Humanos de la PGR, como consta en el oficio Nro. DGRH/1659/05 del 10 de noviembre del año 2005 firmado por el Lic. Francisco Sáenz de Cámara Aguirre, se refieran al CP. Romero Bernal como “Director de Administración”, omitiendo el carácter de ‘General’. La omisión no es menor, ni puede constituir un simple error, de estas dependencias claves. También la página de Internet de la institución refiere al CP Romero Bernal como Director de Administración, omitiendo el carácter de ‘general’.

j) En el párrafo noveno, el CP. Romero Bernal lamenta que mi “desconocimiento sobre las medidas de seguridad y control de acceso que son normales en toda Institución Pública y en particular en la PGR”. En el escrito no se niega que dicho acceso me haya sido negado junto a mis compañeros. Acaso Romero Bernal argumentaría que durante casi un año y medio, cumplí cabalmente con las medidas de seguridad y control de acceso, y entre el viernes 11 y el lunes 13 dicho, desconocí dichas medidas. Las palabras arbitrio y arbitrariedad definen comportamientos irreconciliables.

k) En el décimo párrafo, el CP. Romero Bernal agrega que mi punto de vista y mi reclamo “puede derivarse del desconocimiento pleno de la legislación mexicana, dada su reciente naturalización como mexicano, en virtud de su origen extranjero”. ¿Si el Cp. Romero Bernal reconoce abiertamente la naturalización que la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Federación me ha otorgado, porque en un documento oficial me considera extranjero?

Le adjunto copia simple del oficio en cuestión.

Señor Procurador, vuelvo a solicitarle intervenga para que cesen estas hostilidades, esta vez manifestadas a través de este documento inexplicable; así como para que me sean devengados mis haberes en términos de ley. El escrito de CP. Romero Bernal deja al descubierto que la Fiscalía ha decidido desamparar a personas, que como yo, han realizado una investigación profunda sobre los delitos cometidos en el pasado, por miembros de la fuerzas de seguridad del Estado. Muchas de estas personas poseen hoy poder y pueden reaccionar de manera violenta, como lo hicieron en otras oportunidades. La PGR tiene el deber de defender a quienes se enfrentan contra una estructura criminal, sobre todo si lo hacen bajo su pedido y jurisdicción. En las causas que se siguen en la Femospp, hay personas imputadas por delitos de genocidio, masacres, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada. Miles de crímenes, señor procurador. Si la Femospp ha decidido tratar de esta manera a los investigadores a los que incluso les debe sueldos desde julio del año pasado, no me queda más que demandarle enfáticamente instrumente las medidas de protección necesarias para mi persona y los trabajadores que se encuentran en mi situación. Si México quiere cambiar, no puede permitirse un crimen más.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle que el lunes, en oportunidad de entregar el citatorio de la Unidad CUH-06 de la PGJDF, la oficialía de partes de la Femospp tuvo a bien recibir parte de la documentación a la que se había negado la semana pasada.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración o respuesta.

C.c.p. Lic. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, Oficial Mayor de la PGR. Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Ignacio Carrillo Prieto, Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Para su conocimiento.
C.c.p. CP. Alejandro Romero Bernal, Director de Administración de la Femospp. Paran su conocimiento.
C.c.p. Lic. José Francisco Moreno Vilchis, Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del DF, en atención a Av. Previa: FCH/AECUH-6/T1/00265/06-02.

Nota a Daniel Cabeza de Vaca, el 16 de Febrero, 2006
(Después de la expulsión y confiscación de nuestros objetos personales, le escribí al Fiscal, que en un acto aún inexplicable, se negó a recibir correspondencia de los historiadores).

México, jueves 16 de febrero, 2006.
Daniel Cabeza de Vaca
Procurador General de Justicia

Me dirijo a Usted a fin de informarle sobre las irregularidades que se presentan en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, perteneciente a la institución que usted representa. Hoy, en las oficinas del Fiscal Especial, José Antonio López, encargado de la Oficialía de Partes, se negó a recibir correspondencia que iba dirigida al señor fiscal, aduciendo órdenes del secretario particular del fiscal, Ing. Pablo Martínez Escobar, de no recibir correspondencia de mi persona. El funcionario de la Oficialía de Partes me pidió incluso la carta, cuyo texto coloco abajo, para ser revisada por la persona mencionada.
Al cabo de unos minutos regresó sólo para ratificarme que no podía firmar el ‘acuse’.
Usted tiene información fidedigna del conflicto salarial por la que atraviesan algunos trabajadores de la fiscalía, por no haber podido cobrar sus salarios hasta hoy. A eso se le suman, atropellos como el de negarse a recibir correspondencia. Me preocupa el accionar. Si una oficina a su cargo se niega a recibir una carta, que por cierto contiene elementos de interés para la justicia, y una denuncia clara de que no solo se me ha negado el acceso a las oficinas, sino que además se me han retenido pertenencias, sin ningún tipo de explicación, entonces nuestro sistema se encuentra en crisis. Si no es en esta institución donde se reciben este tipo de notificaciones, ¿a quién debe uno expresar sus problemas?
Como trabajador de la Fiscalía Especial al que se le han vulnerado todos sus derechos laborales, le suplico una vez más, su necesaria intervención.

El texto de la tarjeta informativa que no fue recibida es el siguiente:
“México, jueves 16 de febrero, 2006.
“Ignacio Carrillo Prieto
“Fiscal Especial
“El día lunes personal de vigilancia de la Fiscalía que tiene a su cargo, me negó toda posibilidad de acceso a las oficinas ubicadas en Juárez 100. No existiendo un oficio para una medida como ésta, la policía me permitió el acceso a una orden manuscrita y firmada por el policía comandante, Sabino Jiménez López # 6834. El policía sin embargo, recalcó, al momento de negarme el acceso, que “por órdenes del Fiscal, no podía pasar el personal del Dr. Sotelo”. Ante lo mismo se enfrentaron mis compañeros.
“Lamentablemente, señor fiscal, a la inexplicable retención de mis salarios se le suman en este acto insólito, el despido masivo de hecho y el secuestro de enseres de carácter privado. Entre ellos, una veintena de libros (entre ellos los dos volúmenes del diccionario de la Real Academia Española y mis ejemplares de Días de Guardar, de Carlos Monsiváis -en su primera edición- y el Nunca Más de la Conadep, en el que se cifra parte importante de mi vida). Así como fotocopias de libros que junté con esfuerzo y que forman parte de mis materiales de estudio permanente. Un escáner marca AGFA, que puse a disposición de los trabajos de la Fiscalía, debidamente registrado a mi nombre. Fotografías familiares, discos de música, cuadernos de notas y objetos de uso diario, propio de una persona que pasó durante más de un año, más de ocho horas diarias en dicha oficina y que intempestivamente es privado del acceso sin notificación.
“Lamentablemente (y soy conciente de la repetición del adverbio) a los atropellos que le mencioné en otras ocasiones debo sumarle este, que vulnera los derechos elementales a la propiedad privada.
“¿Cómo recuperaré lo que me pertenece, mi salario, mis derechos laborales, algunas de mis pertenencias más queridas? ¿Por qué se queda usted con fotos de mi hija, con libros que significan mucho para mí?
“Caray, cuáles serán sus privilegios, y los de los encargados de aplicar estas medidas, para evitar ser sancionados por estos atropellos y otros delitos comunes sobre una veintena de personas. Sobre un grupo, que ha dado muestras de entrega, para responder las demandas de una sociedad sedienta de justicia, y para que el propio Presidente de la Nación tenga entre sus manos el Informe a la Sociedad con el que cumplir uno de sus más importantes compromisos.
“Un grupo que sin percibir salarios por meses se abocó a reconstruir históricamente los crímenes de aquellos años, que dejaron a veinte mil víctimas, entre desaparecidos, familiares de desaparecidos, ejecutados, heridos y masacrados, vejados, torturados y detenidos sin más razón que sus ideas políticas.
“¿Dónde está la congruencia el tamaño de nuestras responsabilidades y la actitud hostil de tratarnos sin la más mínima consideración?
“¿Cuál es la razón por la que se me niega el acceso a mi oficina, a la computadora y los muebles que tengo asignados frente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, como bien refiere el oficio Femospp/DRMYSG/S/003/2006, del 12 de enero de este mismo año?
“¿Si se me está despidiendo, junto con mis compañeros, por qué no se me envía una notificación en lugar de actuar de manera violenta? ¿Cuál es el motivo de tratar de esta manera al grupo de investigadores e historiadores?
“Le suplico una pronta respuesta que aclare lo que está sucediendo en la Fiscalía. Si esto no sucede, me llevará a considerar a estas acciones como un simple brote de autoritarismo, curiosamente en la institución que persigue histórica y jurídicamente un doloroso periodo de autoritarismo. Señor Fiscal, no prometo estar de acuerdo, pero por favor, ¡esgrima una razón!
“Sin otro tema en particular, me quedo a la espera de una explicación plausible y de que por sus oficios sean restituidos mis derechos y reparados los daños causados por este nuevo acto.

Señor Procurador, le ruego la atención y la trascendencia que el tema tiene. Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Nota a Ignacio Carrillo Prieto, 25 de enero del año 2006

(El día 25 de enero, sin que hubiera ninguna noticia de nuestros pagos, en el abandono total de una institución que había empezado a considerarnos 'incómodos', le escribí al Fiscal).

Distinguido señor fiscal,

Le escribo con inocultable perplejidad. Conoce usted perfectamente la angustiante situación por la que atraviesa todo el equipo de investigación histórica. Sabe que en algunos casos no percibimos salarios desde el mes de mayo, y que el grueso de los compañeros no lo hace desde julio del año pasado. Sabe también que hemos trabajado duro, y quizás más de lo que se esperaba para las adversas condiciones. Y de hecho, tiene en sus manos uno de los frutos de tal esfuerzo.

A finales de noviembre, cuando aún no habíamos entregado el informe al que nos habíamos comprometido, el Director General de Administración prometió que el pago de salarios se haría antes del 14 de diciembre, haciendo referencia al compromiso de entrega del informe el 15 de diciembre, y para la que trabajamos sin denuedo.

El propio 15 de diciembre pasado, en oportunidad de entregarle el informe a la sociedad mexicana “¡Qué no vuelva a suceder!”, y ante la mención del problema, usted nuevamente prometió que la fiscalía iba a conseguir los fondos para que no llegara fin de año sin que tuviéramos una parte ‘sustancial’ de nuestro salario. El entrecomillado es suyo.

Yo mismo lo interrumpí argumentando que las promesas necesitaban apoyarse en hechos.

Razones tenía yo para el escepticismo: habíamos cobrado el mes de enero, recién en septiembre, después de ¡nueve meses! Y, para colmo, en todo ese tiempo, el personal de administración nos había dado, sistemáticamente, información falaz sobre las fechas de pago y las gestiones que llevaba adelante en este sentido. Además, y por si fuera poco molesto ver cómo los plazos prometidos iban venciendo uno a uno, esa oficina se negó a responder a las más esenciales normas de transparencia. Ocultó y oculta nuestros contratos, no responde a nuestras peticiones por escrito y viola nuestros derechos, no sólo a salario, sino también a correspondencia. Mi perplejidad, como dije, no puede ser mayor: ¡no puedo creer que estemos en una institución de procuración de justicia!

Pero no son los únicos elementos que poseía para advertir que las promesas empezaban a caer en terreno de la fe. Y mal haríamos dejando la aplicación de la justicia y la dignidad, al amparo de la fe.

Mi advertencia fue vana. El año nuevo nos recibió en las mismas condiciones. No hubo pago de salarios, como prometió. Y ahora que finaliza enero, ni visos de pago ni respuestas. Al contrario, hostigamiento. Le enumeraré los problemas en los que me he visto envuelto por asumir, como simple trabajador, un compromiso contra la historia represiva mexicana.

1. A finales de marzo de 2005 cobré, con atraso considerable, los adeudos correspondientes al año 2004.
2. Ese mes, rendí exámenes ante la CeDH de la PGR, para cubrir la plaza de subdirector de área para la que fui propuesto, y que hasta la fecha no me ha sido otorgada. No he logrado otra respuesta que la verbal del jefe de recursos humanos, en el sentido de que es usted el que ‘dispone’ de las plazas para su personal de confianza.
3. Sobre estas anomalías di parte a la Oficialía Mayor de la PGR. La respuesta elaborada desde esa institución nunca llegó a mis manos, pero sí a la administración de la Femospp. Tengo el acuse de la Oficialía Mayor, que demuestra que la carta fue entregada en la oficialía de partes.
4. En septiembre del 2005 se cobraron sueldos correspondientes a los meses de enero a junio. El pago de esos salarios no reconocían mi cambio de nivel, así que me fueron retenidos alrededor de treinta mil pesos, porque se aplicó el salario de los anteriores meses. No puedo caer en la suspicacia de lo personal, porque algo similar le ha sucedido a varios de mis compañeros
5. En varias ocasiones, personal y colectivamente, le escribimos al área de administración sobre estos temas. Jamás hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta de las que le enviamos a usted, solicitándole audiencia y solucionar estos problemas. A cada uno de nosotros, la oficina administrativa nos ha tratado como a persona non grata. Incluso, como le manifesté el propio 15 de diciembre, el área administrativa tuvo a bien acusarnos de ser los responsables del atraso de nuestros pagos. Vaya absurdo.
6. Desde principios del mes de diciembre, el administrador, CP. Alejandro Romero Bernal, tiene una solicitud del director general de Análisis, Investigación e Información Documental, Dr. José Sotelo Marbán, para que hiciera una sencilla carta de servicios. Un padre divorciado que lleva siete meses sin cobrar, necesita dar una explicación de la institución en la que trabaja.
7. Hasta el momento, mis compañeros y yo llevamos más de medio año sin percibir nuestros salarios. Esta situación ha hecho que muchos de ellos hayan abandonado la investigación, menguados y desgastados por el maltrato mencionado. Algunos sufriendo por su salud; todos, orillados a la bancarrota. Sin computadoras, máquinas fotográficas ni escáners. Hicimos y hacemos el trabajo con máquinas que los compañeros sacan de cada uno de sus hogares. Con ello, una investigación ciclópea se volvió titánica. En estas condiciones, no me atrevo a decir que hayamos podido investigar con libertad.

He hecho y sigo haciendo preguntas. ¿Quién posee la plaza que desempeño y que paga la federación? ¿Por qué no se responde a mis solicitudes de información? ¿Quién tiene el oficio que iba dirigido a mí ejerciendo el negligente poder de violar el libre tránsito de la correspondencia? ¿De qué manera me van a ser restituidos el dinero que la fiscalía me adeuda? ¿Qué detiene un mes y medio el trámite ordinario de una carta de servicios, convirtiéndolo en extraordinario?

Le pido amablemente que haga algo para contener la angustiante situación que padecemos, así como detener los atropellos a los que somos sometidos. Y por supuesto, que responda mis preguntas.

Historia laboral dentro de la Fiscalía Especial
“Samuel Pepys o Jean-Jacques Rousseau, mediocre o excepcional, si un individuo se expone con sinceridad, todo el mundo está más o menos en juego. Imposible encender la luz sobre su vida sin iluminar más o menos la de los demás”, dice Simone de Beauvoir, al iniciar el texto La plenitud de la vida. Beauvoir habla de Sartre, de sus ideas, y de otros amigos. Beauvoir no es Truman Capote, por cierto, de ahí que la la fineza de su actuación no haya generado huracanes, como sí para el autor de Plegarias atendidas. De ahí también, mi propia expiación anticipada.

Ingresé a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en el mes de diciembre del año 2004, invitado por un entrañable amigo, el filósofo argentino Luis Ponce, que a los sesenta años, en un país distante, porque era argentino, se lanzó a la sierra de guerrero en las peores condiciones para investigar la guerra sucia de Guerrero. Pequeño Ambrose Bierce del cono sur, entre civiles y militares, junto a José Martínez Cruz, José Sotelo Marbán y don Marcial Abarca. No pudo, sin embargo, contar sus cuentos. Luis Ponce había empezado a trabajar unos meses atrás, invitado y cobijado por José Sotelo Marbán. Si hasta el momento de entrar a la Femospp, yo compartía las angustias que Luis me traía cada tanto, de sus viajes a Guerrero, de la historia que veía; a partir de mi ingreso, las empezamos a padecer juntos. Empecé en diciembre, cuando pude cerrar los semestres de clases en las universidades en que trabajaba. Luis, como Rosa María Ortega, como Razhy González, o como otros compañeros que acabaron yéndose, no habían cobrado un centavo en el año.
Empezamos el trabajo de investigación sobre lo sucedido en 1968, junto a Claudia Cuevas, sistematizando documentación, leyendo lo escrito para diseñar la investigación, las tesis centrales del trabajo. Empezamos, a finales del 2004, con la lista de muertos de la esquela que hoy está a un costado de la plaza de Tlatelolco. No había más. Si en la fiscalía hubo o hay un escrito de esa época, sobre Tlatelolco, lo desconozco. Había cronologías en power-point, sobre los hechos del 22 de julio al 2 de octubre de 1968. Las ideas que les subyacían eran claras, exponer la masacre como el resultado de una pelea futbolística mal manejada por el secretario de gobernación, que se encontraba en una pérfida carrera presidencial. Tesis fuerte, por otro lado, sostenida por Octavio Paz en Postdata.
Era impensable que no hubiera más que unas carpetas con documentación fotocopiada del expediente 11-4, que está en Galería 1. Si había más, estaba en las averiguaciones previas, pero se nos advirtió que no teníamos ni tendríamos acceso a lo que el Área Ministerial había investigado. A los treinta y cinco años de secreto, al parecer le seguían los años de secrecía jurídica. Tampoco teníamos acceso a la galería 1 del Archivo General de la Nación.
A principios de marzo, sorpresivamente, Sotelo me pidió que cambiara de oficinas y de trabajo. Algo había sucedido al interior de la Fiscalía. La renuncia de quien estaba a cargo de la Dirección de Análisis e Información Documental, dejaba vacantes puestos de estructura, y en apariencia existía la posibilidad de darle más recursos al proyecto histórico. Sotelo explica este momento en una entrevista reciente. Tenía que dejar los trabajos sobre 1968, y colaborar en diferentes aspectos de la coordinación general. Podría tener una visión panorámica, y acepté.
La Femospp nos pagó recién a finales de ese mes, la deuda parcial existente hasta el 30 de diciembre del 2004. Llevábamos, si actualizamos las cuentas al 30 de marzo, tres meses sin cobrar, tres meses sin contrato. Nadie demandó.
El 29 de marzo empezaron los exámenes en el Centro de Desarrollo Humano de la PGR. Polígrafo, a pruebas de sida, exámenes toxicológicos. El 1 de abril respondí un cuestionario de 600 frases, en la que una y otra vez se me preguntaba si era verdadero que ‘a veces siento ganas de dejarlo todo e irme bien lejos’, o falso; si ‘a veces siento que la cabeza me va a explotar’; si ‘pienso mucho en el suicidio’; si era verdadero que ‘siento una voz que me habla’; si falso que ‘quiero ser florista’; o más directamente, si era verdad que ‘me gustaría ser mujer’.
Luis Ponce murió cerca de las seis de la mañana del lunes 11 de abril del año 2005, en un accidente de tránsito. Como había salido a correr -costumbre militante de estar en forma- en ese momento no tuvo encima ni identificación ni teléfono. Lo buscamos dos días, desesperadamente. El Fiscal mandó a poner una salutación en el diario Milenio. Pero en la administración dijeron que Luis no tenía contrato, por lo que no podían indemnizar a la familia ni hacer absolutamente nada a su favor. Nadie tenía contrato. Pero resaltemos que en la inserción pagada por la Femospp, Luis era considerado un historiador de la institución; pero para los administradores, ‘no tenía contrato’ y ya. Esto siempre fue parte de un constante doble del lenguaje institucional, la pública y en el crudo discurso interno.
En mayo, el encargado de Recursos Humanos me avisó que había pasado los exámenes y que ahora sí estaba en condiciones, de ofrecerme la plaza que ya había comenzado a desempeñar, con actividades, hacía un mes. Pero de esa notificación a tener nuevas noticias, volvieron a pasar meses.
De abril a agosto, la situación fue crítica. Muchos compañeros decidieron desistir; y fueron abandonando de a poco. Personas valiosas estuvieron un mes y no aguantaron la presión de trabajar sin cobrar, con el compromiso que suponía el documento. Entre ellos, Edgar González Ruiz, autor de varios estudios sobre la derecha estudiantil mexicana, historiador de tiempo completo.
En junio solicité una carta de servicios. Sólo Sotelo podía pedirla y así lo hizo. Me la dieron tres días después, el 20 de junio.
El 11 de agosto solicité información sobre la plaza y el pago. La misma persona, Carlos Juárez, me dijo que no podía informarme de la situación, porque las plazas de este tipo –una subdirección- dependían de la autorización del Fiscal, quien disponía de esas plazas. Pedí que se me diera la constancia de los exámenes. No -fue la respuesta-, eran de la institución. Debía considerar que estaba cubierto por los honorarios pactados en enero… sobre los que no había contrato. Al día siguiente, el 12, volví a escribirle a Romero Bernal, pidiéndole una explicación más amplia.
No hubo respuesta escrita. Unos días después nos pidieron a todo el equipo que firmáramos un contrato por el periodo de enero a junio, como si estuviéramos en el mes de enero. Era eso o nada. Solicité se adecuara al menos el salario a las modificaciones del mes de marzo. Era eso o nada. Firmé el contrato, como todos los que lo hicimos, porque consideramos que lo importante era seguir investigando.
El mes de septiembre cobramos, en su mayoría, ese periodo. Le escribí a la Oficial Mayor el 28 de septiembre, explicando los problemas, solicitando explicaciones. El 3 de noviembre, ante la falta de noticias le recordé a la Oficialía mi carta. La Oficialía ya me había contestado, pero alguien en la institución se había quedado con el original de respuesta. Solo aquellos a los que les había mandado copia habían recibido la contestación. La respuesta de la Oficialía Mayor era que, la Dirección General de Recursos Humanos “no tiene conocimientos de nombramiento ni contrato por honorarios a su favor”.
Estábamos en la última parte de la primera etapa, el texto general del Informe. Junto a mis compañeros enviamos cartas al Administrador, al Fiscal, a la Oficial Mayor, al Procurador y al Presidente de la República. La Procuraduría parecía interesada en resolver el problema, pero solo recogieron la información de que disponíamos, y luego de un par de reuniones, dejaron de atender el teléfono, y responder a nuestros mensajes.
El 14 de diciembre le pedí a José Sotelo que solicitara una nueva carta de servicios. El 15 de diciembre entregamos la versión completa del Informe “¡Qué no vuelva a suceder!”, al Fiscal, en su casa, que hoy y ante la prensa llama Oficina Alterna. Llevábamos exactamente cinco meses y medio sin cobrar, no teníamos contratos. Pero estábamos entregando el informe final, en medio de una resistencia interna a hablar de esa cantidad de desaparecidos, y a tomar la guerra en Guerrero, en los términos en que hablaba el informe. Después de hablar de las características del trabajo, incluso sobre la necesidad de hablar con términos realistas más que con términos aceptados por la jurisprudencia nacional, Sotelo le planteó el problema de los pagos.
El Fiscal, después de haber recibido incontables cartas explicando el problema, dijo que no sabía nada. Incluso reprendió al Administrador. Se comprometió a sacar dinero ‘de un fondo’, antes de navidad. Bien, dijo, y amablemente nos empezó a despedir. Lo detuve para decirle que para prometer había que haber cumplido, siquiera una vez. Y para decirle que el Administrador había sostenido que nuestras cartas a autoridades como el Procurador o la Oficial Mayor, nos volvían ahora responsables de que los trámites no se agilizaran. Otra vez la víctima era la culpable. Volvió a reprender al Administrador. Repitió lo de la ‘parte sustancial’.
El 22 de diciembre, sin visos de pago, José Sotelo consiguió una suma que equivalía a un par de sueldos para cada uno de los investigadores, o más. Habíamos trabajado duro, el informe se había presentado a tiempo. Cobraríamos pronto y él recuperaría el préstamo que nos había hecho.
El 20 de enero fui a Administración a pedir la carta de servicios que había solicitado en diciembre. El jefe de Recursos Humanos, risueño, me dijo que no había podido tratar el tema con su jefe.
El 25 de enero le escribí al Fiscal. Le expliqué, muy asombrado, la situación. Cinco días después me entregaron una segunda carta de servicios, pero ya sin dar cuenta de la plaza de subdirección, y solo explicando la relación del año 2005. Pedí inmediatamente que fuera corregida.
La segunda etapa del trabajo seguía siendo abrumadora. La administración quiso despedirnos, pero sin solucionar el problema de los pagos, ni un anuncio de despido. El fiscal le envío, el día 2 de febrero un oficio cifrado, un galimatías en el que decía que "la medida era indispensable e insoslayable", pero sin explicar cual era 'la medida'.
Según su modo de ver no éramos personal de la institución, aunque firmábamos la lista del ‘Personal sin gafete’ que controla la propia Administración. El 13 de febrero, el Fiscal ordenó terminantemente que las puertas del edificio de la institución, fueran bloqueados para los historiadores. Ordenó además, que no se recibiera documentación que viniera firmada por algunos de los historiadores, por lo que tuve que enviarle la carta al Fiscal, a través del Procurador, Daniel Cabeza de Vaca. José Sotelo, director de la investigación, fue, junto a Rosa María Ortega –que posee una plaza-, el único del equipo que pudo ingresar a la oficina.

¿Qué detuvo Carrillo Prieto?
¿Qué estábamos haciendo después de entregar el borrador del Informe?
El Fiscal era plenamente conciente de la gravedad de suspender la investigación histórica en el momento en que empezaban a surgir los primeros documentos. Lo era, al punto de que en ese contexto le pidió a José Sotelo Marbán, que aplicara instrucciones que él mismo no se atrevió a dejar impresas en un oficio (OFEMOSPP/OFE/013/2006). Detener la investigación fue para el Fiscal un asunto que debió consensuar con autoridades de mayor rango. Pero, ¿qué es lo que Carrillo Prieto detiene?

Algunos compañeros de trabajo, de otras áreas de la propia Femospp, me han preguntado qué estábamos haciendo después de entregar el Informe. Después de entregar el borrador, nos abocamos a la preparación de los expedientes físicos de los desaparecidos. Carpetas con el nombre de cada una de las personas, que contenían copia de las declaraciones y testimonios obtenidos durante la investigación, copia de la documentación obtenida que prueba su detención por parte del Estado. En muchos casos, esa documentación, es nada menos que una ficha signaléctica o dactiloscópica de la persona desaparecida, con su fotografía, fecha de detención y huellas dactilares. Fichas que demuestran el plan de exterminio existente en el momento de su detención, ya que sistemáticamente, estas fichas no están firmadas por quienes realizaron la detención. Ya habíamos elaborado casi 150 expedientes. El Fiscal no habla de ellos. ¿Piensa desaparecerlos, integrarlos a una averiguación previa y con ello ‘volverlos secrecía’ por una nueva década? La sociedad tiene el derecho de exigirlos, y la PGR no puede esconderlos, porque ello equivaldría a cometer un nuevo crimen, semejante a los cometidos administraciones insultantes como la de Óscar Flores Sánchez.
Pero además, elaborábamos las historias matrias de los pueblos y comunidades más castigadas de Guerrero. El ejército mexicano sostuvo, en la persecución y aniquilamiento de la guerrilla rural, un violento control de muchas poblaciones de la sierra del estado. Como documenta el Informe realizado, la población de las comunidades de Corrales de Río Chiquito, Los Piloncillos, San Francisco del Tibor, La Sabana, El Ticuí, Tres pasos, Las Cruces, El Camarón, Ilatenco, Malinaltepec, San Andrés de la Cruz, Cerro de Piedra, Kilómetro 30, Puerto Grande, Las Higuerillas, La Cañita, Los Pocitos, La Lajita, Topiltepec… que sufrieron la brutalidad, sevicia y delincuencia común de las fuerzas armadas. Muchas de sus mujeres fueron violadas, sus niños ejecutados y desaparecidos, sus habitantes, torturados y desaparecidos, encarcelados por años, sometidos a prácticas como la ‘aldea vietnamita’, etc. Muchos de sus habitantes estuvieron en Pie de la Cuesta mientras Acapulco de ponía de moda. Los mexicanos le debemos una reparación ejemplar a estas comunidades. Y verdad. Debe ayudarles a reconstruir su vida, a superar el horror, debe hermanarse con ellos en la lucha por la justicia. Un buen paso era reconstruir estas historias. Un paso que está en el aire.
Elaborábamos las historias de los grupos que tomaron las armas. Por las características de la investigación, por la manera absolutamente precaria en que nos vimos obligados a realizarla, muchos grupos quedaron afuera del análisis. La historia de la guerrilla es uno de los desafíos intelectuales más importantes del México moderno. Cientos de grupos fueron formados y desintegrados por la persecución violenta o la constante rearticulación propia de la vida en la clandestinidad. En un clima de efervescencia, propio de una guerra civil, muchos grupos tuvieron relativa autonomía de los otros, encontrándose y hermanándose en la propia lucha. La historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue la manera que elegimos para articular el texto. Algunos de los grupos que se escaparon de esa columna vertebral, pudieron ser investigados e incluidos; otros, no. La historia de la resistencia será, por muchos años, difícil de contar, y una buena manera de empezar sería la elaboración de un compendio de las miles de formas organizativas que la sociedad mexicana creó en su oposición al régimen dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). No será tarea sencilla dar cuenta de los pequeños y grandes frentes, uniones, partidos, organizaciones, sindicatos, ligas, federaciones, consejos, grupos, movimientos, brigadas, comités, asociaciones, fuerzas y comandos, de carácter estudiantil, magisterial, cívico, campesino y obrero, que fueron independientes del Estado. En la organización de este ‘aleph’ se estaba dando un paso, que hoy está en el aire.
También depurábamos las bases de datos que sostienen documentalmente el Informe entregado. Debo explicar que antes de escribir, mientras las hipótesis del trabajo iban afinándose, confrontándose con los datos, nos abocamos a relevar la información en fichas personales. Este sistema, uno de los aciertos de don José Sotelo Marbán, fue útil para clasificar la mayor parte de los datos que surgían en los documentos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). Esas bases, organizadas inicialmente en las cuatro áreas de investigación –Movimiento estudiantil de 1968, Masacre del 10 de junio de 1971, Grupos Armados Urbanos en todo el país y Guerra Sucia en el Estado de Guerrero-, tienen hoy registros de más de 8 mil personas. Estas 8 mil personas, entre actores sociales, militantes y víctimas. La depuración incluía también, la depuración y unificación de la información recabada de miembros del ejército, fuerzas paramilitrares y funcionarios implicados en el Terrorismo de Estado. El mismo paso en el aire.
Corregíamos el material metodológico para explicar las operaciones críticas realizadas al analizar la documentación de las policías y el ejército (no siempre verdadera, a veces, deliberadamente falsa). Muchas discusiones podríamos eliminar, al explicar claramente y con documentos anexos, la manera en que ciertos documentos fueron valorados. Este material metodológico, es fruto de la experiencia de la investigación, resultado de las preguntas frecuentes que surgen al ver anomalías sistemáticas, variaciones curiosas, aparentes errores, eufemismos… en miles de documentos oficiales, producto de la conciencia oficial de que se cometían actos imperdonables. Entender y explicar el sistema de elisiones, desfiguraciones e invenciones que surgen de los documentos oficiales, es un paso más para evitar las confusiones en los que han caído algunos historiadores mexicanos, por la incorrecta apreciación de un documento de estos.
Y por último, realizábamos la propia corrección del borrador. El hecho de que estuviéramos obligados a entregar el Informe el 15 de diciembre del 2005 –porque para el Fiscal hacerlo un día después equivalía a no entregarlo-, nos obligó a dejar para después algunos pasos cruciales. Fue imposible avanzar concienzudamente en la corrección sintáctica, la unificación de escritura. Hacia el final pudimos corregir el complejo sistema de citas, pero no todos los problemas pudieron ser solucionados. Los propios investigadores no habían podido leer las últimas versiones de capítulos que no habían estado directamente ligados a su propio trabajo. Por ejemplo, pocos de los compañeros que trabajaron en el movimiento estudiantil pudieron leer y comentar la parte de la Guerra Sucia en Guerrero, y viceversa. Por lo tanto, sus aportes están hoy en el tintero. Pero además, ¿cómo no confrontar la investigación con los que llevan años investigando este periodo de la historia nacional? ¿Cómo no confrontar la versión de los crímenes cometidos, con los familiares y las víctimas que hoy están organizadas? Esto quedó para el final, y eso intentábamos hacer. El material fue entregado, según los conocimientos de las personas consultadas. La importancia del trabajo, suponía desde siempre, un trabajo continuo con la sociedad. Los escasísimos viáticos que otorgó la Femospp a la investigación histórica permitió –más los aportes del propio coordinador- trabajar en el Estado de Guerrero, donde se alcanzó la mayor parte de información testimonial y mayor confrontación del texto. Algunos intelectuales tuvieron acceso al material íntegro, que necesitaba también de un análisis total, o global. Ese proceso estaba dando sus primeros frutos, cuando llegó el 13 de febrero.

El 13 de febrero pasado, la policía que controlaba el acceso a las oficinas de la Femospp, le bloqueó el acceso de la veintena de historiadores, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. La orden emanada del Fiscal Ignacio Carrillo Prieto, y tenía el objetivo de detener, con carácter de irrevocable, el avance de una investigación incómoda.
El acto no tuvo explicación, y aún no la tiene, al menos de carácter ‘oficial’, porque Carrillo Prieto no ha logrado articular una razón para explicarle al grupo de historiadores que realizó el Informe ‘¡Qué no vuelva a suceder!’, porqué tomó esa medida. Ni porqué había tomado otras. La explicación de pasillos es monetaria. ¿México no puede pagar el sueldo de veinte historiadores que investigan gravímas violaciones a los Derechos Humanos? ¿Mientras la propia institución federal no puede explicar el gasto de 50 millones de pesos en gastos provenientes de fondos reservados?
Expulsar a historiadores justo antes de iniciar un proceso de corrección, sin haberles pagado su suelo desde julio del año 2006, no puede explicarse por un problema financiero y deja abiertas demasiadas preguntas. ¿Carrillo Prieto expulsó a quienes realizaron el informe sobre la guerra sucia para disponer arbitrariamente del documento, corregirlo y editarlo según los intereses del Gobierno Federal que encabeza Vicente Fox? ¿Lo hizo para desaparecer la información recabada por los historiadores? Lo que no puede obviasrse es que para Ignacio Carrillo Prieto la medida tuvo un carácter de ‘indispensable e insoslayable’, como le escribió a José Sotelo Marbán en el oficio número 13 del año 2006.