El 13 de febrero pasado, la policía que controlaba el acceso a las oficinas de la Femospp, le bloqueó el acceso de la veintena de historiadores, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. La orden emanada del Fiscal Ignacio Carrillo Prieto, y tenía el objetivo de detener, con carácter de irrevocable, el avance de una investigación incómoda.
El acto no tuvo explicación, y aún no la tiene, al menos de carácter ‘oficial’, porque Carrillo Prieto no ha logrado articular una razón para explicarle al grupo de historiadores que realizó el Informe ‘¡Qué no vuelva a suceder!’, porqué tomó esa medida. Ni porqué había tomado otras. La explicación de pasillos es monetaria. ¿México no puede pagar el sueldo de veinte historiadores que investigan gravímas violaciones a los Derechos Humanos? ¿Mientras la propia institución federal no puede explicar el gasto de 50 millones de pesos en gastos provenientes de fondos reservados?
Expulsar a historiadores justo antes de iniciar un proceso de corrección, sin haberles pagado su suelo desde julio del año 2006, no puede explicarse por un problema financiero y deja abiertas demasiadas preguntas. ¿Carrillo Prieto expulsó a quienes realizaron el informe sobre la guerra sucia para disponer arbitrariamente del documento, corregirlo y editarlo según los intereses del Gobierno Federal que encabeza Vicente Fox? ¿Lo hizo para desaparecer la información recabada por los historiadores? Lo que no puede obviasrse es que para Ignacio Carrillo Prieto la medida tuvo un carácter de ‘indispensable e insoslayable’, como le escribió a José Sotelo Marbán en el oficio número 13 del año 2006.